Tomado de Bohemia
En la V Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura, los diputados y diputadas analizaron la marcha de la implementación del decreto “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”, a nueve meses de su entrada en vigor
Hace nueve meses se aprobó en Cuba el Decreto Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”, una legislación que dio sus primeros pasos bajo el ataque de quienes no tardaron en referir que sería un nuevo mecanismo para “amordazar” la libertad de expresión en el país, sobre todo la que se practica en las plataformas virtuales.
Lo cierto es, que esta resolución busca limitar la difusión de noticias falsas, la incitación a la violencia, los contenidos de carácter ofensivo y en general el empleo del escenario digital como instrumento para una guerra no convencional contra Cuba.
No obstante, su alcance va mucho más allá. El Decreto Ley 35 establece el marco legal de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) asociadas a estas y el uso del espectro radioeléctrico, en correspondencia con lo establecido en la Constitución, y refuerza la “Política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad cubana”, aprobada en 2017.
El tema de la comprobación al proceso de implementación de dicho precepto fue analizado en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular por la Comisión de Atención a los Servicios. Durante la sesión, en la que participaron la Ministra de Comunicaciones (Micom) Mayra Arevich y la viceministra del ramo, Ana Julia Marine, se expuso cómo se ha ido estableciendo ese instrumento jurídico y la efectividad que ha tenido desde su puesta en marcha.
Marine recordó que el Decreto, de 129 artículos, cuenta además con otras 98 resoluciones del Mincom que lo complementan, y que su objetivo fundamental es promover un desarrollo cada vez más sostenible de las telecomunicaciones en el país, así como un uso seguro y eficiente de las tecnologías a partir del fomento de una mayor cultura de ciberseguridad entre la población y del incentivo a un uso ético de las redes sociales.
Recordemos que el Decreto Ley 35 es la primera norma jurídica de rango superior aprobada en Cuba que estipula los servicios de telecomunicaciones y prioriza la implementación de redes de banda ancha. Según la viceministra del Mincom se mantiene regulado el proceso de fabricación, importación y comercialización de dispositivos de telecomunicaciones y se vela porque se cumplan las normas establecidas para su uso sin afectar los servicios de comunicación.
Desde la entrada en vigor del decreto-Ley hasta la actualidad se han realizado inspecciones y controles funcionales. La ministra Arevich informó que se han impuesto en este periodo 41 medidas administrativas en correspondencia con las contravenciones establecidas. Las violaciones fundamentales se basan en la instalación y empleo de redes privadas de datos sin la autorización correspondiente; la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones sin la debida documentación; la instalación de equipos y dispositivos de radiocomunicación sin las licencias establecidas o licencias que amparan el funcionamiento de estaciones radioeléctricas sin renovar.
José Castañeda Martínez, diputado por el municipio habanero de La Lisa, aseguró a BOHEMIA que lo fundamental es desarrollar un programa de capacitación para que todos los trabajadores y la población en general conozcan el contenido de la norma, “pues mucho se ha especulado sobre ella y se ha limitado la visión de lo que posibilita en materia de desarrollo científico-técnico para el país”.
Castañeda reconoce también que para alcanzar el nivel de informatización anhelado son necesarios recursos financieros y equipamiento tecnológico, a los que el país tiene acceso limitado por los ya conocidos conflictos económicos. No obstante, Cuba busca alternativas y avanza, aunque quizás no al ritmo que todos deseáramos.
Diputados presentes en el debate manifestaron su interés, por ejemplo, en las proyecciones que se tienen para la venta de telefonía móvil en moneda nacional (detenida hace dos años), así como de cajas decodificadoras de la señal digital.
Sobre el primer punto, Arevich expuso que el paro se debe al encarecimiento de los contratos para Cuba debido al bloqueo y la dificultad con la adquisición de divisas. “Un contrato para adquirir teléfonos, por ejemplo, cuesta casi lo mismo que un contrato para comprar una radiobase. Decidimos entonces priorizar la adquisición de equipamiento para mejorar la infraestructura. Una vez cambien las condiciones se volverán a abrir las ofertas a la población”, explicó.
Mientras se espera por ese cambio, que se antoja a largo plazo, se toman otras medidas como la flexibilización en los precios de los paquetes móviles, lo que a su vez ha aumentado el número de personas que se incorpora al servicio de internet. Hoy existen en todo el territorio nacional unos 7,2 millones de clientes móviles; de ellos 5,5 millones utilizan la red móvil para conectarse a la web.
En un escenario paralelo, continúa el proyecto de transición a la televisión digital en el Occidente del país, un proceso que debía completarse en noviembre último, pero que se ha extendido en aras de garantizar primero que al menos todos los asistenciados de la región tengan una de las llamadas “cajitas”.
Al respecto, la propia Arevich declaró a BOHEMIA que “se han fabricado y distribuido desde el inicio del proyecto más de tres millones de cajas decodificadoras en todo el país. Solo en 2021 se distribuyeron unas 300 mil. Sin embargo, estamos conscientes de que aún la demanda de estos dispositivos es elevada. De momento, a partir de un programa que se ha hecho de adquisición de la materia prima, las 300 mil cajitas distribuidas el pasado año se ensamblaron en Cuba y ya está en marcha un proyecto conjunto entre el Grupo de la Industria Electrónica y la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas para la fabricación de una caja decodificadora 100 por ciento cubana, con hardware y software propio”.
Este nuevo prototipo de receptor de televisión digital terrestre, de la norma DTMB-T, fue presentado recientemente en el Stand Cuba de la XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2022. Entre otras prestaciones la nueva “cajita” permitirá compartir la señal de televisión con otros dispositivos a través de wifi, así como conectarse a la plataforma Picta mediante servicio de nauta hogar, lo que permitirá contar en el país con una televisión digital interactiva.
La titular de comunicaciones precisó que el proyecto ya está evaluado y que se pondrá a prueba este año en un grupo cerrado para luego evaluar sus resultados e implementarlo a escala mayor.
En él se contempla el encadenamiento entre ciencia, innovación e industria, y sobre todo se apuesta por la soberanía e independencia tecnológicas y el avance a la transformación digital. A fin de cuentas, pese a los obstáculos, las pausas, las difamaciones externas e internas, y por supuesto, con certeras insatisfacciones que atender y procesos por perfeccionar, es una realidad palpable la marcha de la informatización de la sociedad cubana. Tal como establece el decreto-Ley 35, el reto será siempre asumirla desde la ética y la seguridad.
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Hace nueve meses se aprobó en Cuba el Decreto Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”, una legislación que dio sus primeros pasos bajo el ataque de quienes no tardaron en referir que sería un nuevo mecanismo para “amordazar” la libertad de expresión en el país, sobre todo la que se practica en las plataformas virtuales.
Lo cierto es, que esta resolución busca limitar la difusión de noticias falsas, la incitación a la violencia, los contenidos de carácter ofensivo y en general el empleo del escenario digital como instrumento para una guerra no convencional contra Cuba.
No obstante, su alcance va mucho más allá. El Decreto Ley 35 establece el marco legal de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) asociadas a estas y el uso del espectro radioeléctrico, en correspondencia con lo establecido en la Constitución, y refuerza la “Política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad cubana”, aprobada en 2017.
El tema de la comprobación al proceso de implementación de dicho precepto fue analizado en la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular por la Comisión de Atención a los Servicios. Durante la sesión, en la que participaron la Ministra de Comunicaciones (Micom) Mayra Arevich y la viceministra del ramo, Ana Julia Marine, se expuso cómo se ha ido estableciendo ese instrumento jurídico y la efectividad que ha tenido desde su puesta en marcha.
Marine recordó que el Decreto, de 129 artículos, cuenta además con otras 98 resoluciones del Mincom que lo complementan, y que su objetivo fundamental es promover un desarrollo cada vez más sostenible de las telecomunicaciones en el país, así como un uso seguro y eficiente de las tecnologías a partir del fomento de una mayor cultura de ciberseguridad entre la población y del incentivo a un uso ético de las redes sociales.
Recordemos que el Decreto Ley 35 es la primera norma jurídica de rango superior aprobada en Cuba que estipula los servicios de telecomunicaciones y prioriza la implementación de redes de banda ancha. Según la viceministra del Mincom se mantiene regulado el proceso de fabricación, importación y comercialización de dispositivos de telecomunicaciones y se vela porque se cumplan las normas establecidas para su uso sin afectar los servicios de comunicación.
Desde la entrada en vigor del decreto-Ley hasta la actualidad se han realizado inspecciones y controles funcionales. La ministra Arevich informó que se han impuesto en este periodo 41 medidas administrativas en correspondencia con las contravenciones establecidas. Las violaciones fundamentales se basan en la instalación y empleo de redes privadas de datos sin la autorización correspondiente; la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones sin la debida documentación; la instalación de equipos y dispositivos de radiocomunicación sin las licencias establecidas o licencias que amparan el funcionamiento de estaciones radioeléctricas sin renovar.
José Castañeda Martínez, diputado por el municipio habanero de La Lisa, aseguró a BOHEMIA que lo fundamental es desarrollar un programa de capacitación para que todos los trabajadores y la población en general conozcan el contenido de la norma, “pues mucho se ha especulado sobre ella y se ha limitado la visión de lo que posibilita en materia de desarrollo científico-técnico para el país”.
Castañeda reconoce también que para alcanzar el nivel de informatización anhelado son necesarios recursos financieros y equipamiento tecnológico, a los que el país tiene acceso limitado por los ya conocidos conflictos económicos. No obstante, Cuba busca alternativas y avanza, aunque quizás no al ritmo que todos deseáramos.
Diputados presentes en el debate manifestaron su interés, por ejemplo, en las proyecciones que se tienen para la venta de telefonía móvil en moneda nacional (detenida hace dos años), así como de cajas decodificadoras de la señal digital.
Sobre el primer punto, Arevich expuso que el paro se debe al encarecimiento de los contratos para Cuba debido al bloqueo y la dificultad con la adquisición de divisas. “Un contrato para adquirir teléfonos, por ejemplo, cuesta casi lo mismo que un contrato para comprar una radiobase. Decidimos entonces priorizar la adquisición de equipamiento para mejorar la infraestructura. Una vez cambien las condiciones se volverán a abrir las ofertas a la población”, explicó.
Mientras se espera por ese cambio, que se antoja a largo plazo, se toman otras medidas como la flexibilización en los precios de los paquetes móviles, lo que a su vez ha aumentado el número de personas que se incorpora al servicio de internet. Hoy existen en todo el territorio nacional unos 7,2 millones de clientes móviles; de ellos 5,5 millones utilizan la red móvil para conectarse a la web.
En un escenario paralelo, continúa el proyecto de transición a la televisión digital en el Occidente del país, un proceso que debía completarse en noviembre último, pero que se ha extendido en aras de garantizar primero que al menos todos los asistenciados de la región tengan una de las llamadas “cajitas”.
Al respecto, la propia Arevich declaró a BOHEMIA que “se han fabricado y distribuido desde el inicio del proyecto más de tres millones de cajas decodificadoras en todo el país. Solo en 2021 se distribuyeron unas 300 mil. Sin embargo, estamos conscientes de que aún la demanda de estos dispositivos es elevada. De momento, a partir de un programa que se ha hecho de adquisición de la materia prima, las 300 mil cajitas distribuidas el pasado año se ensamblaron en Cuba y ya está en marcha un proyecto conjunto entre el Grupo de la Industria Electrónica y la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas para la fabricación de una caja decodificadora 100 por ciento cubana, con hardware y software propio”.
Este nuevo prototipo de receptor de televisión digital terrestre, de la norma DTMB-T, fue presentado recientemente en el Stand Cuba de la XVIII Convención y Feria Internacional Informática 2022. Entre otras prestaciones la nueva “cajita” permitirá compartir la señal de televisión con otros dispositivos a través de wifi, así como conectarse a la plataforma Picta mediante servicio de nauta hogar, lo que permitirá contar en el país con una televisión digital interactiva.
La titular de comunicaciones precisó que el proyecto ya está evaluado y que se pondrá a prueba este año en un grupo cerrado para luego evaluar sus resultados e implementarlo a escala mayor.
En él se contempla el encadenamiento entre ciencia, innovación e industria, y sobre todo se apuesta por la soberanía e independencia tecnológicas y el avance a la transformación digital. A fin de cuentas, pese a los obstáculos, las pausas, las difamaciones externas e internas, y por supuesto, con certeras insatisfacciones que atender y procesos por perfeccionar, es una realidad palpable la marcha de la informatización de la sociedad cubana. Tal como establece el decreto-Ley 35, el reto será siempre asumirla desde la ética y la seguridad.
